El Gobierno aprobó en la última reunión del
Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes día 12 de julio la reforma
energética.
Con esta reforma energética aprobada, el
Gobierno quiere poner poner fin definitivamente a los desequilibrios que
persisten en el sistema eléctrico, que actualmente ascienden a unos 4.500
millones de euros anuales, establecer un marco normativo que garantice la
estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorar el sistema de cara al
consumidor, clarificando la factura y favoreciendo la competencia de cara al
ciudadano.
El Gobierno ha puesto en marcha varias
medidas desde 2012 para reducir la generación anual de déficit de tarifa -la
diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos recogidos a
través de la factura-, un grave desequilibrio del sistema que supera los 26.000
millones de euros y que, de no haber tomado ninguna medida desde 2012,
ascendería este año a 10.500 millones de euros. Tras las medidas ya
emprendidas, que han logrado reducir la generación anual de déficit de tarifa
en 6.000 millones de euros, el déficit previsto para 2013 es de 4.500 millones
de euros.
Para corregir este déficit restante, la
tarifa del consumidor doméstico tendría que subir un 19 por 100. De no haber
puesto en marcha ninguna medida, la factura del consumidor tendría que subir un
42 por 100.
La reforma aprobada hoy, a través de un Real
Decreto Ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del
sector eléctrico y de un Anteproyecto de Ley del sector eléctrico, contempla un
reparto del esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y
Estado. Así, de los 4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán
asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900
millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos
Generales y los 900 millones de euros restantes serán asumidos por los
consumidores a través de una subida de peajes
Una vez corregido el desequilibrio, la
reforma contempla cambios normativos para que el sistema sea más flexible para
adaptarse a las circunstancias y evitar así nuevos desequilibrios en el futuro.
El tercer pilar de la reforma es garantizar
el suministro al menor coste posible para el consumidor. Para ello, se
simplifica y clarifica la factura eléctrica y se introducen cambios normativos
para fomentar la competencia, reforzando los mecanismos de atención al cliente
y manteniendo la protección para los consumidores vulnerables.
MARCO NORMATIVO PARA LA ESTABILIDAD
FINANCIERA DEL SISTEMA
Se establece una regla de estabilidad
financiera, mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición
de nuevos desajustes. Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema
eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos.
Aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán
ser asumidos por éstas.
REDUCCIÓN COSTES DEL SISTEMA POR 2.700
MILLONES ANUALES
Renovables, cogeneración y residuos
La reforma establece un nuevo régimen
retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable,
cogeneración y residuos. Estas instalaciones recibirán un complemento por sus
costes de inversión basado en estándares por tecnologías garantizando una
rentabilidad razonable basada en las Obligaciones del Tesoro a diez años más
trescientos puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5 por 100.
Redes de transporte y distribución
Se establece un régimen para las redes de
transporte y la distribución que establece una retribución homogénea adecuada a
una actividad de bajo riesgo, es decir, Obligaciones del Tesoro a diez años más
doscientos puntos básicos que equivale a una rentabilidad del 6,5 por 100.
También se establece un volumen máximo de
inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.
Otras actividades reguladas del sistema
La reforma introduce medidas para disminuir
el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de
fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la
retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las
centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de
mercado para calcular la interrumpibilidad.
Además, se establece un sistema básico de
incentivos para Canarias e Illes Balears, dónde la energía eólica y
fotovoltaica es más barata que la generación convencional.
El Gobierno también habilita la posibilidad
de cierre temporal de instalaciones (hibernación) bajo estrictos criterios de
garantía de seguridad de suministro.
Los consumidores más vulnerables podrán
continuar acogiéndose al descuento del bono social.
Por otra parte, la reforma también reforzará
la lucha contra el fraude, se modificará la estructura de peajes reduciendo el
coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las
viviendas vacías.
Más competencia y transparencia de cara al
consumidor
El Gobierno busca con esta reforma garantizar
el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más
transparente. Para ello, se simplifica la factura eléctrica y se introducen
modificaciones en la tarifa para aumentar la competencia.
La Tarifa de Último Recurso, a la que se
acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, pasa a denominarse Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas
comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo además la
competencia entre ellas, para ofrecer ofertas y descuentos. Asimismo, se
agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los
mecanismos de atención al cliente.
Para más información:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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