La Ley de Transparencia incorpora una serie
de novedades normativas, que figuran en el Anteproyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que recibió
ayer el Consejo de Ministros de manos de la Vicepresidenta del Gobierno. Con
respecto a este Anteproyecto de Ley, señalar que el Consejo de Ministros acordó
remitirlo a Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, para
que emitan los informes oportunos, para luego dar el paso de enviarlo a las
Cortes para su tramitación. Indicar que esta Ley fruto de la consulta pública a
la que fue sometida, gracias a ese novedoso procedimiento de consulta, ha
recibido 3700 observaciones, que se han traducido en significativas
modificaciones en esta Ley, respecto primer texto publicado por el Gobierno.
En cuanto a las novedades normativas de la
Ley de Transparencia, destaca la incorporación a la obligación de suministrar
información a los adjudicatarios de los contratos públicos. Asimismo gracias a
las propuestas ciudadanas, se impulsa la adopción de mecanismos que garanticen
la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se
amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre
la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la
obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así
como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los
contratos menores.
Otra novedad es que se aclara un poco más el
capítulo del derecho de acceso a la información, sobre todo en lo relativo a la
aplicación de los límites, introduciendo como criterio para negar información a
un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la
información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que
respalde la publicación.
Igualmente, en el capítulo sancionador se
crea una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la
obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por
los ciudadanos.
En el ámbito institucional las indicaciones
realizadas por los ciudadanos han llevado al Gobierno a reforzar la
independencia de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las
Políticas Públicas y Calidad de los servicios. El nombramiento y las causas de
cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.
Se introduce una variación respecto a la
"vacatio legis" de la norma. Así, se prevé la entrada en vigor
inmediata del Título de Buen Gobierno, mientras que se difiere un año ese
momento para todos los aspectos relativos a publicidad activa y derecho de
acceso, en línea con muchas de las normas aprobadas por países de nuestro
entorno.
Por último indicar que el éxito de la
consulta pública y el interés suscitado con la misma han llevado al Gobierno a
poner a disposición de todos los ciudadanos el Anteproyecto de Ley en el mismo
momento en que éste sea remitido a los citados órganos consultivos.
Para más información:
Ministerio de Presidencia – Consejo de
Ministros
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