El Programa Nacional de Reformas 2013 se
integra plenamente en la estrategia económica del Gobierno y supone un nuevo
impulso a la agenda reformadora del último año. Se trata de un programa
ambicioso que incorpora medidas dirigidas a que la economía española gane en
eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir, junto a otras, de segunda
generación, dirigidas a optimizar al máximo todos los instrumentos existentes a
nivel nacional para superar las dificultades de financiación en un entorno de
mercados financieros fragmentados en la Unión Monetaria.
En el Programa Nacional de Reformas se
explica la agenda reformista del Gobierno para aumentar la competitividad y,
sobre todo, la flexibilidad de la economía española: por una parte, se repasan
las reformas estructurales que se han adoptado durante el último ejercicio y,
por otra, se explican las que se van a poner en marcha en los próximos meses.
De todas las medidas incluidas en el
Programa, deben resaltarse siete reformas por el impacto que van a tener en la
economía española y que se resumen a continuación:
1. Saneamiento de las cuentas públicas:
medidas de consolidación fiscal y Seguridad Social.
En el ámbito de la consolidación fiscal se
pueden diferenciar varios tipos de iniciativas:
Mejora del marco de gobernanza económica,
mejorando la disciplina presupuestaria de todas las Administraciones Públicas
con la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. Además, se presta una especial atención a la creación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que velará por el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en todos los niveles de la
Administración. La Ley Orgánica de creación de esta autoridad está en trámite
de consultas y se espera que se remita a las Cortes Generales en junio, con el
objeto de que pueda estar constituida antes de elaborarse los Presupuestos
Generales del Estado de 2014.
Medidas de subidas de ingresos y ajustes de
gastos para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria en el
periodo 2013-2016, medidas que se desarrollan con detalle en la estrategia de
consolidación fiscal del Programa de Estabilidad.
En materia de Seguridad Social se han
iniciado ya las actuaciones para la regulación normativa del factor de
sostenibilidad, con el objetivo de revisar los parámetros fundamentales del
sistema de Seguridad Social, en función de la evolución de la esperanza de vida
y otros factores demográficos y económicos. Se ha designado un comité de
expertos encargado de realizar un informe sobre el factor de sostenibilidad,
que será remitido al Parlamento antes del 31 de mayo, a efectos de que la
Comisión del Pacto de Toledo pueda, entre junio y julio, elaborar las
recomendaciones que deriven en la normativa reguladora del factor de
sostenibilidad que se aprobará a lo largo de 2013.
2. Seguimiento de la reforma del mercado
laboral.
Durante 2013 se continuará con el seguimiento
de la reforma laboral aprobada el año pasado a través de los grupos y
comisiones creados y se ofrecerá un primer Informe de Valoración de sus
efectos. Este informe será contrastado por un organismo independiente antes de
julio de 2013, como, por ejemplo, la OCDE.
3. Ley de Desindexación de la Economía
Española
Esta norma introducirá un nuevo índice de
referencia que sustituya al Índice de Precios al Consumo (IPC) en las
actualizaciones periódicas, entre otras, de ingresos y gastos, precios, tarifas,
tasas y rentas de las Administraciones Públicas. El nuevo índice será más
exigente que el IPC y en su formulación tendrá en cuenta el nivel inflación del
2 por 100 considerado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios.
El principal objetivo de esta norma es
prevenir determinados "efectos de segunda ronda" en el proceso de
formación de precios. De esta forma, se limita la influencia sobre la economía
española de importantes perturbaciones de precios de origen exógeno y se consigue
que la inflación esté más cercana a los fundamentos de la propia economía.
Está previsto que el Anteproyecto de Ley se
presente al Consejo de Ministros a finales de mayo de este año, de manera que
pueda entrar en vigor en enero de 2014, momento en el que se actualizan la
mayor parte de los precios.
4. Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y
Plan de Racionalización Normativa
El Programa Nacional de Reformas incluye el
compromiso de aprobar con la máxima celeridad el Anteproyecto de Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado. A través de esta Ley se establece un marco
riguroso para una buena regulación, basado en los principios de necesidad y
proporcionalidad, a observar por todas las administraciones en la regulación de
las actividades económicas. La Ley consta de cuatro bloques básicos:
Principios de garantía de la libertad de
establecimiento y la libertad de circulación, que deben respetar todas las
disposiciones y actos de las Administraciones Públicas.
Cooperación institucional para eliminar
trabas, asegurar que no se establezcan nuevos obstáculos y para una adecuada
supervisión.
Nuevo modelo de regulación basado en los
principios de garantía del libre establecimiento y circulación.
Mecanismos ágiles de resolución de los
problemas de los operadores con la Administración a través de dos vías
fundamentales, en las que se prevé la intervención de la nueva Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia para asegurar un enfoque de
eficiencia económica.
Para la adaptación de la normativa vigente a
la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, por parte de todas las
Administraciones Públicas, ya ha comenzado a aplicarse el Plan de
Racionalización Normativa, que ya está en marcha.
5. Ley de Apoyo al Emprendedor y su
internacionalización
Con el objetivo de alcanzar un entorno
empresarial más favorable, fomentando y facilitando la creación de empresas,
que los proyectos viables puedan desarrollarse plenamente e
internacionalizarse, en 2013 se aprobará la Ley de Apoyo al Emprendedor y su
internacionalización, con las siguientes medidas:
Medidas destinadas a impulsar la iniciativa
emprendedora, que incluyen formación en materia de emprendimiento, creación de
la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada y de la figura de la
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, constitución de sociedades de
responsabilidad limitada en veinticuatro horas y creación de los Puntos de
Atención al Emprendedor, y facilitación del acceso a la segunda oportunidad, a
través de un mecanismo extrajudicial de pagos.
Medidas fiscales de apoyo al emprendedor. En
particular, se establecerán el IVA por criterio de caja, la deducción por
reinversión de beneficios, la deducción por I+D e incentivos fiscales a los
inversores informales en emprendimiento.
Medidas para impulsar la financiación de los
emprendedores. Se trata, concretamente, de las siguientes: eliminación de
cargas para incentivar la emisión de valores en el Mercado Alternativo de Renta
Fija (MARF), flexibilización de la regulación de los acuerdos de refinanciación
e impulso de nuevos instrumentos para la financiación de los proyectos de
internacionalización.
Medidas para fomentar el crecimiento
empresarial: se ampliará la lista de actividades exentas de licencia municipal
y se eliminarán obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación
pública.
Medidas para impulsar la internacionalización
de la economía española: Se prevé un nuevo régimen de visados y autorizaciones
de residencia para impulsar la atracción de talento e inversión, y se
articulará, con una periodicidad definida, una estrategia española de
internacionalización.
6. Modernizar y racionalizar la
Administración Pública: Ley para la racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
El Anteproyecto de Ley para la
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se remitirá en
julio a las Cortes Generales. La Ley persigue cuatro objetivos principales:
clarificar competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la
estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más
riguroso y favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica
privada. Para ello, la norma incide en la estructura de la Administración Local
buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en el ejercicio de sus
actividades y una mayor profesionalización en toda la función local, tanto la
desempeñada a nivel político como a nivel administrativo.
Paralelamente al proceso de clarificación de
competencias de la Administración Local, se iniciará un proceso similar con las
competencias autonómicas, a través de la revisión de las actividades
financiadas mediante convenio.
7. Ley de Colegios y Servicios Profesionales
En el primer semestre de 2013 se aprobará el
Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que elimina
obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de
actividades profesionales. El Anteproyecto de Ley establece un marco general
regulador del acceso y ejercicio de las actividades profesionales.
Por un lado, se establecen las condiciones
comunes u horizontales a respetar por toda la regulación que incida en el
acceso o ejercicio de las distintas profesiones. Por otro lado, las
restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una
actividad sólo podrán exigirse por ley, siempre y cuando sea necesario por
motivos de interés general, lo que limitará las reservas de actividad. La Ley
incorpora la normativa sobre Colegios Profesionales, que se modifica para reforzar
el modelo de coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria,
y clarificar sus normas de funcionamiento, adaptándolas a la realidad actual.
Lógicamente y siguiendo los principios de la
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional
habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan
exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se
hubiera accedido a la profesión. La Administración deberá elaborar y mantener
accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas en el
país, los requisitos de acceso, el coste de colegiación en su caso, etcétera.
8. Reforma del Gobierno Corporativo
El objetivo es reformar y ampliar el actual
marco del Buen Gobierno Corporativo en España con la finalidad de mejorar la
eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al
tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de cumplimiento
comparado de los criterios y principios internacionales de Bueno Gobierno. Para
ello, se impulsará la elaboración de un estudio-análisis sobre los mejores
estándares internacionales de Gobierno Corporativo y las áreas en las que
España puede mejorar su marco actual, de modo que, en el plazo de un año, se
implementen las reformas que correspondan.
En particular, se potenciará el papel de las
juntas de accionistas en el seguimiento de los esquemas retributivos de los
órganos de gestión y alta dirección de la sociedad; se perfeccionarán y
ampliarán las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las
sociedades cotizadas; se analizará la posibilidad de elaborar un Código de
Buenas prácticas para las sociedades no cotizadas españolas y se introducirán
nuevas mejoras en el gobierno de las entidades de crédito en línea con los
desarrollos legales de la Unión Europea.
En el ámbito financiero ya se han dado pasos
en esta línea. Así el control y supervisión continuos del Banco de España se
extiende también a los miembros de los órganos de administración y de los
titulares de funciones clave de las entidades de crédito y otras entidades
financieras, velando porque éstas controlen y cumplan los requisitos de
honorabilidad, experiencia y buen gobierno marcados por la Autoridad Bancaria
Europea (CSR 4.4.6).
Además, durante 2013 se aprobará una reforma
del marco legislativo de las Cajas de Ahorro con la que se clarificará su papel
en el control de las entidades de crédito en su condición de accionistas (CSR
4.4.8).
Cumplimiento de los compromisos de España y
continuación del proceso de reformas
Este Programa da cumplimiento a los
compromisos de España en el marco del Semestre Europeo. Las actuaciones aquí
incluidas se corresponden con las áreas prioritarias identificadas en el
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 (AGS) del pasado mes de
noviembre: consolidación fiscal; restablecimiento de la financiación a la
economía; reformas estructurales; afrontar el desempleo y las consecuencias
sociales de la crisis, y modernización de la administración pública.
El Programa que hoy se presenta es continuación
del proceso de reformas iniciado en 2012, cuyos resultados ya se han dejado ver
en la competitividad exterior de la economía española, con una capacidad de
financiación de casi un 4 por 100 del PIB en el último trimestre del año y una
mejora de 3,4 por 100 de los costes laborales unitarios. También son notables
los esfuerzos en la reducción del déficit público estructural primario, por
encima del 3 por 100 según estima el Fondo Monetario Internacional, si bien
todavía es amplio el esfuerzo en este ámbito que es necesario realizar. Por
último, la competitividad ganada ha permitido que los agentes privados cuenten
ahora con capacidad de financiación y ya está logrando una reducción de sus
stocks de deuda externa. En particular, el conjunto de los hogares y las
empresas no financieras han reducido su endeudamiento exterior en 2,8 puntos
del PIB, hasta situarlo en el 37 por 100.
Para más información:
Consejo de Ministros – Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas – Ministerio de Economía y Competitividad
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